Quitar exoneraciones, duro golpe a canasta básica y pago de luz

Exoneraciones

La suspensión de exoneraciones que comprende la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional no tendrá excepciones y afectará a empresas de transporte urbano e interurbano, maquila , zonas turísticas, energía, beneficios de la tercera edad, canasta básica , útiles escolares, maestros, Cruz Roja, y demás que se encuentren bajo los regímenes de exoneraciones de impuestos en el país.

En Honduras, son muchos los sectores y empresas, así como organizaciones e instituciones que han gozado de no pagar impuestos durante años y ahora se busca regularlo, pero lo que a analistas les parece inoportuno es hacerlo indiscriminadamente porque afectaría a la clase más desposeída del país. Respecto a los periódicos, la materia prima más costosa es la importación de papel, la que se encuentra libre de arancel de importación amparado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta), por lo que no sería afectada por este decreto.

El negociador oficial de los Tratados de Libre Comercio, Melvin Redondo, dice que en el caso de los periódicos, el Tratado cubre el arancel de importación del papel, pero no el impuesto sobre venta.

Si bien es cierto que la Ley de Emisión del Pensamiento concede exoneración a los medios de comunicación para la importación de equipo, papel y otros insumos utilizados, la mayoría de ellos no recurren a esta garantía no solo porque en losúltimos años los Gobiernos han burocratizado los procesos, sino porque tratados internacionales ya los incluyen.

En el caso de los periódicos que al tener un arancel de 0% a la importación de papel, no tiene sentido que se acojan a la Ley de Emisión del Pensamiento puesto que los tratados de libre comercio ya lo han desgravado.

Matriz de exoneraciones

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) presentó una matriz de exoneraciones en 2011 que comprendía 22 rubros los que actualmente serían los afectados por la Ley, ya que se aplicará sin excepción, como lo reiteró el presidente Porfirio Lobo.

El anteproyecto establece la suspensión temporal de todas las exoneraciones y beneficios fiscales que otorga la Secretaría de Finanzas, incluyendo las que estén pendientes de resolución y ejecución, por un término de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Además se creará una comisión especial para el análisis y control de las exoneraciones y beneficios fiscales que tendrá las atribuciones de levantar un inventario de todas las exoneraciones y beneficios fiscales de las que gozan actualmente diferentes sectores; analizar y verificar que las exoneraciones y beneficios fiscales cumplan una serie de parámetros que van desde que se utilicen para proyectos de beneficio social sin fines de lucro hasta que las empresas u organizaciones cumplan con la finalidad para la cual fueron otorgadas.

Lo que preocupa a diversos sectores de la sociedad es lo que ocurrirá durante los 60 días que tarde la comisión en hacer su análisis.

El diputado del Pinu German Leitzelar afirmó que es inadecuado primero suspender todas las exoneraciones y después crear la comisión. «Sabemos que hay abuso, que ha habido corrupción, pero no se puede primero suspender todo y hasta después analizarlo. Se están poniendo la carreta frente a los caballos y no los caballos al frente de la carreta», dijo. «Creemos que debemos tomar todas las medidas para captar ingresos, pero no solo captarlos sino crear el mecanismo preventivo que nos asegure que después no nos vamos a lamentar que el dinero no se gastó para lo que estaba dispuesto en el Presupuesto».

Atropello jurídico

El proyecto de ley no solo atenta contra la Constitución de la República, sino que se lleva de encuentro toda la legislación tributaria y –de aplicarse inmediatamente- tendrá un impacto directo en la subida de los precios de los alimentos, las medicinas, los útiles escolares e incluso en la generación de empleo.

La advertencia la han hecho expertos tributarios al subrayar que la propuesta del Poder Ejecutivo se lleva de encuentro incluso normas y tratados internacionales.

Uno de los puntos es que el proyecto hace referencia a la retroactividad de la ley, cuando eso solo es aplicable en materia penal; pero con esta norma se suspende este beneficio incluso sobre aquellos procedimientos que están en trámite.

Las fuentes consultadas señalan que esta iniciativa está llena de irregularidades y debilidades delega funciones y responsabilidades que competen al Ejecutivo y Congreso Nacional.

Dentro de las exoneraciones que quedarían suprimidas por el decreto legislativo se encuentran las referidas al pago del 12% por impuesto sobre ventas a los alimentos incluidos en la canasta básica, los medicamentos generales, así como los útiles escolares utilizados por los 1.5 millones de estudiantes que tiene el país a nivel prebásico, primaria, secundaria y superior.

Igualmente se encuentran exonerados del pago de impuesto sobre ventas, equivalente al 12% del valor del producto, los equipos introducidos al país utilizados en el proceso de la agricultura y ganadería, así como los insumos usados en estas actividades claves para la producción de alimentos.

El ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, afirmó que hay tres grandes sectores donde se van las exoneraciones, una es la importación de mercadería y bienes, el 32% a temas relacionados con energía y combustibles y el 30% relativo a la renta, mediante condonaciones a impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria.

Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, dijo que los medios hablan de «eliminación» de los incentivos, cuando lo correcto es decir «suspensión para revisar», comentó sin aclarar que la propuesta enviada por el Ejecutivo habla de una suspensión de sesenta días. ¿Por qué alguien se va a oponer a que lo revisen si están haciendo las cosas correctas?, se preguntó.

*Tomado de La Prensa.hn

 

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