Gobierno de Honduras podrá cerrar medios argumentando “irrespeto”

Los titulares, directores, administradores o accionistas de frecuencias de radio y televisión no podrán ser socios de otras empresas de ninguna naturaleza, tampoco tener negocios con el Estado, según se estipula en la propuesta de reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones conocida el pasado viernes.

Lo anterior implica la aplicación de regulaciones similares a las impuestas en otros países de Suramérica con Gobiernos de corte socialista como Venezuela y Ecuador , lo que se traduce en la limitación a la libre empresa, según juristas consultados.

El anteproyecto de reforma elaborado por Conatel modifica los artículos 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 27, 29, 30, 39, 41, 43, 46 y 49 del Decreto Legislativo 185-95 publicado en La Gaceta del 5 de diciembre de 1995 de la Ley Marco de Telecomunicaciones.

LA PRENSA hizo una comparación de la ley vigente y la propuesta de reforma en sus partes más delicadas , encontrándose con modificaciones profundas a la actual legislación, que para algunos juristas, en ciertos puntos representan una clara intervención del Estado en la difusión de contenidos de la radio y televisión y por ende una clara y evidente violación a la libertad de expresión y a la libre emisión del pensamiento.

Por ejemplo, la ley vigente en su artículo 1 establece que “la presente ley establece las normas para regular, en el territorio nacional, los servicios de telecomunicaciones, comprendiéndose entre estos toda transmisión, emisión o recepción de signos o señales, escritos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos, informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, combinación de ellos o cualesquiera de otros sistemas electromagnéticos”. A este artículo, la reforma añade un párrafo que indica que también se “regula la difusión, la recepción de los mensajes que sean transmitidos a través de los servicios de difusión y medios electrónicos a fin de garantizar los derechos de las personas, especialmente de la niñez y la juventud, el respeto al honor, la intimidad y la protección de los principios éticos y valores culturales de la sociedad”.

Regulación

Por su parte, la propuesta de reforma al artículo 2 añade al texto original de la actual ley un párrafo en el que otorga al presidente de la República a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la facultad de “regular y fiscalizar a las personas naturales y jurídicas que, habiendo cumplido los requisitos de ley, se dediquen a la explotación, operación de las telecomunicaciones en el país”.

El artículo 9 del anteproyecto agrega un párrafo que señala: “En cuanto al contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los medios de telecomunicaciones, entre ellos radio y televisión, estas deberán someterse a las regulaciones, parámetros, políticas, disposiciones y actos administrativos que por razones de interés social sean establecidas de conformidad a la ley”.

Al artículo 11 del anteproyecto se le agregan dos párrafos en los cuales se establecen las nuevas facultades de Conatel para asignar, reservar y garantizar sobre la base de una distribución justa el espectro radioeléctrico y en su caso afectar porciones específicas de este espectro.

En el artículo 14 de la propuesta de reforma se le agregan nuevas atribuciones a Conatel , entre estas la de iniciar de oficio o a solicitud e particulares, así como decidir los procedimientos relativos a la presuntas infracciones a la ley, así como la aplicación de las sanciones respectivas, en el marco de sus atribuciones, e imponer los correctivos a los que hay lugar. También establecer las tasas y demás sumas que deberán pagar los operadores de los sistemas de telecomunicaciones.

A las anteriores se suman otras facultades, como la de “ejecutar políticas y demás disposiciones de regulación y fomento y fortalecimiento en materia de difusión de mensajes en los servicios de radio y televisión, de las producciones nacionales y programas especiales, especialmente dirigidos a la infancia y la adolescencia”.

Infracciones y sanciones

Otros de los artículos reformados son el 39, 41 y 43 relativos a las infracciones y sanciones. En esta parte se agregan tres incisos más en los que se tipifican como faltas graves y muy graves: interconectar una red de telecomunicaciones a cualquier otra, interferir, perturbar o dañar las redes, sistemas o servicios de telecomunicaciones de otra persona, utilizar frecuencias radioeléctricas sin licencia, “promover el irrespeto o la reputación de los demás, la vulneración de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y los derechos y libertades fundamentales de la infancia, niñez y adolescencia, utilizando cualquier servicio de telecomunicaciones”.

También se tipifican dentro de este ámbito otros hechos, como promover la guerra y toda apología del odio racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas por motivo de género, orientación sexual, e identidad de género, raza, color, religión e idioma.

El artículo 43 reformado establece severas sanciones a las infracciones antes mencionadas, cambiando la multa de 500,000 lempiras contempladas a las faltas muy graves en la ley vigente, por penas que van desde el 3% hasta el 5% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción.

Las infracciones graves en la ley anterior son de hasta 99,000, pero en el anteproyecto de ley están van desde 1.5% hasta el 3% de los ingresos brutos. La reincidencia de una infracción muy grave se castiga con la revocación de la concesión.     

Comité de Censura

Cabe resaltar que la iniciativa de ley propuesta por Conatel crea un órgano de censura que en lo sucesivo se conocerá como la Comisión Reguladora de Programación, que aplicará diferentes regulaciones y sanciones a los mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión de libre difusión.

El artículo 29-A establece que las concesiones, permisos, registros y licencias se extinguirán por renuncia de las mismas, muerte del titular, pero en el caso de personas naturales sus herederos podrán optar al otorgamiento de un nuevo título y la extinción, disolución o quiebra de la persona jurídica.

Contradictoriamente a lo contenido en la iniciativa de ley, el nuevo artículo 38-A establece que “se garantiza el respeto al derecho de la libertad de expresión y de libre emisión del pensamiento, sin censura, conforme a lo establecido en la Constitución de la República”, siempre y cuando no violenten la dignidad de la persona humana, el honor, la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

Todo lo relativo a bloques de horarios, así como la delimitación de los tipos de mensajes, regulaciones, parámetros, políticas, actos administrativos, restricciones, limitaciones a la difusión de publicidad y propaganda será desarrollado a través de la reglamentación correspondiente de conformidad a la ley.

Limitaciones a la libre empresa

El artículo 46 establece medidas para evitar la concentración o monopolios de frecuencias por una persona o empresa, estipulando para eso “que ninguna persona natural o jurídica o grupo de personas podrá obtener en concesión, permiso o licencia para llegar a operar, controlar más de una estación de radiodifusión o televisión de libre difusión en la misma frecuencia por localidad. Esta misma restricción opera en relación con los accionistas de una empresa concesionaria”.

Otro punto relevante es que la propuesta de ley del Poder Ejecutivo contempla que los titulares de las concesiones, permisos o licencias, los directores u operadores de servicios de radio o televisión, los accionistas o administradores de las mismas, no podrán ser socios o accionistas de otras empresas mercantiles de ninguna naturaleza.

Se exceptúan de lo anterior los medios audiovisuales, incluida la televisión por cable, televisión abierta y televisión satelital, cuyas inversiones no superen los 30 millones de lempiras, y en radio difusión sonora que no supere los 10 millones de lempiras.

Esta excepción no será aplicable en ningún caso cuando todos los titulares de concesiones, licencias, permisos y registros y todos los mencionados anteriormente sean “socios o accionistas de otras empresas mercantiles que tengan negocios o relaciones comerciales o contractuales con el Estado, sin importar montos de inversión”.

El comité de censura y el financiamiento de fondo

Censura El Comité de Censura lo  integrarán el presidente de Conatel, los ministros de Derechos Humanos, Cultura y Educación, dos representantes del Consejo de Educación Superior, un representante de la sociedad civil y un representante de los organismos de los usuarios de radio y televisión.

Fondo El artículo 38-B crea el Fondo para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual, destinado a financiar servicios comunitarios de telecomunicaciones, proyectos para radio y tv, investigación científica y “difusión de mensajes a través de radio y tv de libre difusión del país”.

Financiamiento El Fondo para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual se financiará con el 5% de los ingresos brutos trimestrales de los operadores de los servicios de radio y tv  de libre difusión, las multas impuestas de conformidad con esta ley y los intereses que se generen de las mismas.

Tomado de La Prensa, web

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