Exoneraciones fiscales serán suspendidas por tres meses

Exoneraciones 1

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso Nacional la suspensión temporal de todas las exoneraciones y beneficios fiscales otorgados o solicitados ante la Secretaría de Finanzas, por un término de 60 días, pero será ampliado a tres meses, una vez aprobado, y la creación de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las mismas.

Este proyecto afecta la Ley de Emisión del Pensamiento que otorga beneficios fiscales a los medios de comunicación para importar la materia prima, además, violenta otras leyes contentivas de exoneraciones que incluye los sectores maquila, agroindustrial y energético.

Una comisión especial tendrá el control de revisar y determinar qué sectores mantendrán los beneficios fiscales y exoneraciones, bajo una serie de parámetros que solo benefician a la pequeña y mediana empresas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El proyecto de ley fue presentado al final de la sesión nocturna del lunes anterior, como preámbulo a la discusión del Presupuesto General de la República, que se inició ayer en el Congreso Nacional, donde se prevé que sea aprobado antes de que finalice esta tercera legislatura, a la que le quedan ocho días.

Los recursos que se logren de la suspensión de las exoneraciones serán destinados a proyectos de infraestructura, unos manejados por los gobiernos municipales, cuyos alcaldes han realizado movilizaciones para exigirle al gobierno central las transferencias de recursos que por ley está obligado a hacer; y otros, por el gobierno central y la mitad, para pagar la deuda interna que alcanza los 60 mil millones de lempiras.

El artículo 1 demanda “suspender temporalmente todas las exoneraciones y beneficios fiscales que otorga la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, incluyendo las que estén pendientes de resolución y ejecución, por un término de 60 días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”.

 

Asimismo, se crea la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones y beneficios fiscales que estará integrada por 12 representantes de la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Iglesia Católica, Confraternidad Evangélica, del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Foprideh), del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), del Consejo Hondureño del Sector Social de la Económica (Cohdese), de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), centrales obreras y organizaciones campesinas.

 

Los miembros de esta comisión especial para el análisis y control de las exoneraciones y beneficios fiscales serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta de los diversos sectores, según el proyecto de ley remitido por la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.

 

Entre las atribuciones de esta comisión está levantar un inventario de todas las exoneraciones y beneficios fiscales de las que gozan actualmente diferentes sectores, y analizar y verificar que estos beneficios cumplan con una serie de parámetros como que se utilicen en programas y proyectos de beneficio social sin fines de lucro, que sirvan para incentivar el desarrollo social y económico y que no sean utilizados para fomentar la competencia desleal y no distorsionen las relaciones sociales del mercado.

Otro parámetro que indica el proyecto es que las exoneraciones y beneficios fiscales cumplan con la finalidad y el propósito para el cual fueron otorgadas, que fortalezcan prioritariamente a la micro, pequeña y mediana empresa y el sector social de la economía y que fortalezcan la dignidad de la persona humana y el bien común.

 

La comisión especial tiene que definir los mecanismos de verificación del otorgamiento de las exoneraciones y beneficios fiscales que estime pertinentes. Una vez que realicen la revisión de las exoneraciones y beneficios fiscales otorgados a la fecha, la comisión debe decidir cuáles serán derogados y cuáles serán ratificados y el informe que resulte se entregará al Congreso Nacional; además, de presentarlo públicamente para su conocimiento.

 

También presentarán una propuesta de la Ley Marco de Exoneraciones y beneficios fiscales. Asimismo, “autorizar a la Dirección General del Control de Franquicias Aduaneras, la tramitación y otorgamiento de exoneraciones y beneficios fiscales cuando de conformidad a la ley resulte procedente, previa revisión de sus antecedentes y fundamentación legal, cumpliendo en todo caso los requisitos legales correspondientes”.

 

Según el proyecto, todos los interesados en solicitudes de exoneraciones y beneficios fiscales, pendientes de resolución y de ejecución, deberán abocarse de manera inmediata y obligatoria a la comisión especial para el análisis y control de las exoneraciones y beneficios fiscales con la documentación de respaldo. En caso de no presentarse se entenderá como un desistimiento tácito a continuar gozando de este beneficio, por lo que la comisión recomendará su no tramitación o derogatoria, según corresponda.

 

Los recursos que se generen producto de la suspensión temporal de las exoneraciones serán destinados en un 25 por ciento a proyectos de infraestructura, educación y salud a través de los gobiernos municipales con auditoría social de las comunidades. Otro 25 por ciento irá a proyectos de infraestructura ejecutados por el gobierno central y el 50 por ciento restante al pago de la deuda interna. El dictaminador de este proyecto será el diputado Francisco Rivera, quien expresó que el gobierno ha decidido entrarle a las exoneraciones para evitar la fuga de 10 mil millones con los cuales se podría impulsar proyectos como el bono diez mil, la matrícula gratis y bonos productivos, entre otros programas gubernamentales.

 

La iniciativa señala que simultáneamente se debe conformar una comisión integrada por 12 personas, representativas de toda la sociedad hondureña, a fin que revisen las exoneraciones vigentes. Rivera indicó que la comisión especial debe revisar las exoneraciones y decidir cuáles deben continuar y cuáles suprimir, según el interés para la nación cuando pase el período de 90 días, porque el Congreso Nacional lo extenderá por 30 días adicionales al lapso solicitado por el Poder Ejecutivo.

 

Después de los 90 días, los beneficiarios podrán solicitar a la comisión que les aprueben los beneficios de las importaciones exentas de impuestos. En los considerandos del proyecto se reconoce la falta de ingresos que afronta el gobierno para financiar el Presupuesto y se habla del abuso de las exoneraciones fiscales y beneficios otorgados a distintos sectores. Las autoridades legislativas indicaron que el dictamen será aprobado esta semana. (NA)

*Tomado de La Tribuna. hn

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